CRIPTOMONEDAS Y LA NECESARIA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

    Equipo Fàbregas & Associats

    Resulta indudable la integración de las criptomonedas y su incidencia en el mercado, lo que está obligando a las autoridades a posicionarse. Las regulaciones estatales han pasado por diferentes etapas, desde la indiferencia alegando su escasa repercusión en el mercado, pasando por el negacionismo afirmando que se trata de una burbuja económica a punto de estallar, lo que ha llevado a países como China o Corea del Sur a su prohibición, aunque más tarde han terminado reculando, imponiendo únicamente ciertas restricciones para su uso. Sin embargo, ya existe unanimidad por los Estados acerca de la necesidad de una concreta regulación, quedando superada la tesis de inmovilismo.

    La Unión Europea ya ha manifestado su intención de dotar a  las criptodivisas y a sus actividades asociadas de un marco legal más completo, sin embargo, esa regulación deberá de ir en consonancia con la naturaleza de las criptomonedas, manteniendo su independencia respecto a entidades financieras y Estados, bajo riesgo de que pierdan su principal atractivo.

    En España, la Agencia Tributaria ya ha anunciado que se vigilará el uso y comercio de las criptomonedas, incluyéndolas expresamente en su Ruta Fiscal de 2018.

    Se ha hecho mucha propaganda negativa sobre las criptomonedas, y justificada o no – creemos que injustificada- sin embargo es evidente que existen ciertos puntos débiles que no hay que ignorar, pudiendo ser utilizados para la financiación determinadas actividades ilícitas aprovechando el anonimato que otorgan.

    En un principio se ha puesto el foco en la moneda más popular, el Bitcoin (BTC), ésto ha llevado a un incremento del uso de otras criptomonedas más desconocidas utilizadas en el comercio  ilegal a través de Internet, al resultar mucho más opacas y difíciles de rastrear que el Bitcoin; un ejemplo de ésta es Monero (XMR), que basa su éxito y crecimiento en el anonimato total para terceros, incluso para los propios supervisores, dificultando el rastreo y la identificación de sus operadores, impidiendo la intervención por parte de las autoridades.

    En resumen, será necesario la pérdida de cierto anonimato si queremos normalizar el uso de las criptomonedas. Cualquier empresa que quiera realizar operaciones con ellas, o las acepte como medio de pago, deberá de cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo, identificando necesariamente a la persona con la que opera, guardando un registro de las transacciones, volúmenes de la mismas y conservando su soporte documental antes posibles requerimientos de información.

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