DELITOS PATRIMONIALES ENTRE CÓNYUGES

    Fabregas Advocats Associats

    Los delitos patrimoniales entre cónyuges, como son el hurto, el robo, la estafa, la apropiación indebida, los daños y la administración desleal, como regla general, están exentos de responsabilidad criminal, siempre que no se aprecie violencia o intimidación.

    Ello es así, en virtud de la excusa absolutoria que contempla el Código Penal, que guarda su razón de ser en una cuestión de política criminal, y en la filosofía de mínima intervención del derecho penal y de última ratio, siendo en todo caso preferible, redirigir el caso a la jurisdicción civil, la cual supone una intervención menos traumática y proporcionada a la exclusiva afectación de intereses económicos.

    Así, dispone el artículo 268 del Código Penal,

    “Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad”.

    Esto es, se requieren una serie de requisitos para que, aunque se haya cometido alguno de los delitos referidos, no se pueda imputar responsabilidad penal a su autor:

    • El autor y la víctima deben estar casados (y sin que esté en curso un procedimiento judicial de separación, divorcio o nulidad matrimonial) o ser pareja de hecho, ser ascendientes o descendientes uno del otro, hermanos o afines en primer grado de parentesco.
    • Deben vivir juntos únicamente en el caso de parentesco por afinidad en primer grado. Para los demás casos, a pesar de la confusa redacción, no es exigible según el Tribunal Supremo.
    • Cuando se trate de un delito contra el patrimonio (hurto, estafa, apropiación indebida, daños).
    • No debe haber mediado violencia o intimidación en la ejecución del delito.

    En estos casos, el autor no sería penalmente responsable del delito cometido, si bien, le quedaría a la víctima la vía civil para resarcirse del perjuicio sufrido.

    El ejercicio de la acción civil derivada de los delitos patrimoniales sería viable a tenor de lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes del CP, en relación a la restitución y reparación del daño, incluyendo en este concepto posibles obligaciones de hacer o de no hacer.

     

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