Despidos y sucesión empresarial en el concurso

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    Conviene que los abogados laboralistas o asesorías, que abordan continuamente procesos de despido, tengan muy presente la sentencia de fecha 12-9-2018 dictada por la sala 4ª del Tribunal Supremo que a continuación vamos a resumir.

             Se resuelve en dicha sentencia que la empresa adjudicataria en un procedimiento concursal conforme a un plan de liquidación de la unidad productiva empresarial integrada por la concursada, es responsable de las obligaciones pendientes de pago del empleador en situación de concurso con los trabajadores cuyos contratos de trabajo se extinguieron antes de la adjudicación por el juez mercantil.

                La cuestión consiste en determinar si la empresa a la que se le adjudica en un procedimiento concursal la unidad productiva empresarial  integrada por la concursada, debe o no responder solidariamente  del despido acordado por la cedente antes de la transmisión de empresa producida como consecuencia de un auto de adjudicación definitiva dictado en proceso concursal en fase de liquidación, conforme a un plan de liquidación. Es decir, si es responsable de las obligaciones pendientes de pago del empleador en situación de concurso con los trabajadores cuyos contratos de trabajo se extinguieron válidamente antes de dicha adjudicación.

                Con la adjudicación se había producido el cambio de titularidad  de una entidad económica que mantiene su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuese esencial o accesoria; lo que, en principio, acarrea las consecuencias previstas para la sucesión de empresa en orden a la responsabilidad de cedente y cesionario respecto a las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la cesión.

                La LCon (LCon art.148.4) admite de forma indirecta que en dicho supuesto se produce sucesión de empresa, al remitir a la LCon art.64 los supuestos en los que las operaciones previstas en el plan de liquidación  implicasen modificaciones sustanciales colectivas, traslados colectivos, suspensiones o extinciones colectivas de contratos; porque si la adquisición de una unidad productiva autónoma en el seno del concurso no supusiera que existe sucesión de empresa, dicha remisión sería superflua, ya que la adquisición de la unidad productiva autónoma no conllevaría la asunción de los trabajadores de la empleadora, por lo que el plan de liquidación habría de limitarse  a contemplar las condiciones de la realización de bienes y derechos  del concursado, pero sin previsión alguna respecto a la situación de los trabajadores. Si del precepto resultase que no hay sucesión de empresa sería única y exclusivamente la empleadora la responsable de adoptar las medidas legales para la modificación sustancial de condiciones de trabajo, extinciones colectivas… de sus trabajadores, pero estas medidas no tendrían que aparecer ligadas a la aprobación del plan de liquidación de los bienes de la masa activa ya que la adquirente sería por completo ajena a la suerte de los trabajadores de la empleadora.

                Por todo ello, con la adjudicación de la unidad productiva autónoma se ha producido una auténtica transmisión de una entidad económica que mantiene su identidad, a través de la asunción por la adjudicataria de un conjunto de medios organizados que permiten llevar a cabo la actividad económica que se venía desarrollando con anterioridad. Estamos, por tanto, ante una transmisión de empresa a la que deben aplicarse las consecuencias previstas en para ello (ET art.44) y, entre ellas, las concernientes a la subrogación en la posición empresarial y la consiguiente asunción de responsabilidades en las obligaciones derivadas de la calificación del despido.

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