DIVORCIO. PRESTACION COMPENSATORIA.

    Isabel Batalla

    Las desigualdades  por razones ajenas a la convivencia no dan lugar a la prestación compensatoria. No se concibe como una garantía  de sostenimiento vital, ni como un derecho automático.

    El código de Familia establece en su artículo 233.15 una serie de criterios a tener en cuenta para determinar la prestación:

    1. La posición económica de los cónyuges.
    2. La realización de tareas familiares u otras decisiones tomadas en interés de la familia durante la convivencia, si eso ha reducido la capacidad de los cónyuges  para obtener ingresos.
    3. Las perspectivas económicas previsibles de los cónyuges, teniendo en cuenta su edad y estado de salud y la forma en que se atribuye la guarda de los hijos comunes.
    4. La duración de la convivencia y
    5. Los nuevos gastos familiares del deudor, si procede, como los gastos de una nueva vivienda o el pago de pensiones de alimentos.

    Por tanto la misión de la compensatoria es colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas a las que habría tenido si no hubiera vínculo  matrimonial, por lo que  resulta razonable entender que el desequilibrio económico  que tiene que compensarse tiene su origen  en la pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas  por parte del cónyuge  desfavorecido por la ruptura, a consecuencia de su mayor dedicación al cuidado de la familia.

    La fijación de un plazo de duración debe realizarse en función de cuál sea el tiempo  que razonablemente habrá de necesitar el cónyuge acreedor de la pensión para incorporarse en el mercado laboral o, en general, para alcanzar un desarrollo autónomo.

    Cuando la parte desfavorecida está plenamente incorporada al mercado laboral, no ha interrumpido durante la convivencia su actividad laboral y  siempre se ha podido  mantener perfectamente de modo autónomo, no tiene derecho a esta prestación y más cuando estamos ante un matrimonio  de duración media y personas  jóvenes  en el sentido de que la convivencia  no ha comprometido  las oportunidades laborales de ninguno de ellos, ninguno ha abandonado el mercado laboral al contraer matrimonio o tener hijos.

    Por lo tanto  la finalidad  actual de la prestación compensatoria es la readaptación del cónyuge deudor a la vida activa como consecuencia  del DIVORCIO y la pérdida de oportunidades experimentada  precisamente por este.

    Se presume que cada uno de los cónyuges  ha de ser capaz de mantenerse  por sí mismo, debiendo actuar de manera proactiva  para adquirir bienes propios per permitan su digno sustento  sin quedar sujeto a la dependencia del otro.

    El necesario contraste o valoración del desequilibrio económico no sólo se proyecta sobre la situación resultante tras el divorcio, sino también desde la perspectiva causal que sustente dicho desequilibrio de pérdida de derechos económicos o legítimas expectativas de promoción y mejora por la mayor dedicación a la familia de uno de los cónyuges.

    Bajo estos criterios, la Sentencia del TS de 20 de febrero de 2014 fija expresamente como doctrina jurisprudencial que “en orden a la concesión de la pensión compensatoria no basta la mera consideración del desequilibrio patrimonial, en sí mismo considerado, sino que debe valorarse la perspectiva causal que lo sustente ya en relación con la situación de derechos y obligaciones resultante tras el divorcio, como, en su caso, con la mayor dedicación a la familia o a la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge anterior a la ruptura matrimonial”.

    La prestación compensatoria no busca como finalidad la equiparación o igualdad de las condiciones económicas de los consortes (stsjc 27/5/2010), su finalidad es la readaptación a la vida activa del consorte que ha sufrido pérdida de oportunidades debidas al matrimonio y desmejoras económicas derivadas de la disolución  (SSTSJC 29-10-2015, 17-1-2015 Y 6-6-2016).

    Por lo tanto la prestación compensatoria tiende a compensar la disparidad  en las condiciones de vida entre los dos creadas por el divorcio para que el cónyuge  que perdió o disminuyó  sus oportunidades laborales pueda volver a adquirirlas  y restablecer  el desequilibrio que le ha generado el matrimonio.

    En esta línea se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo Sala Civil 1ª de 22 de Junio 2.011, nº 434/2011. Ponente: Xiol Rios, J. Antonio “ La constatación del hecho de una mayor capacidad de ingresos de uno de los consortes, respecto al otro, no da lugar a la concesión de la pensión compensatoria, pues la misma no tiene por finalidad equiparar la situación económica de los esposos, sino lograr colocar al cónyuge más perjudicado por la ruptura en situación de igualdad de oportunidades laborales y económicas, respecto del otro, teniendo en cuenta su estatus constante el matrimonio, razones que permiten considerar improcedente la pensión compensatoria en supuestos en que ambos cónyuges trabajan y perciben ingresos, aunque sean de diferente cuantía y sin que el matrimonio haya constituido un obstáculo para su desarrollo profesional”.

    Se concibe, por tanto, con carácter general, como una prestación  temporal que permita al cónyuge a quien le ha perjudicado económicamente la convivencia situarse en una situación de igualdad de oportunidades. No tiene como finalidad establecer una paridad  o igualdad económica. Y se habla igualdad de oportunidades lo que no equivale a igualdad de logros económicos.

    Concluyendo, la prestación  no puede producir, como resultado la paridad económica.

    Por lo tanto insistimos  que lo que se refiere a la prestación  compensatoria, que no se trata de equilibrar la situación económica de uno y de otro, ni de dar al solicitante unos ingresos que le permiten mantener el mismo régimen económico que tenida con anterioridad a la ruptura matrimonial, sino de compensar a quién razón del matrimonio se ha visto limitado en su realización profesional.

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