El Supremo eleva Cuestión de inconstitucionalidad sobre la regla objetiva de cálculo de la base imponible de la Plusvalía municipal

    Bach

    El TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, AUTO 1 JULIO 2019 plantea la posible inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 107.4 del TRHL por su posible oposición a la prohibición de confiscatoriedad del art. 31.1 CE, en aquellos casos en los que por la venta de un inmueble se genera plusvalía pese a que la ganancia patrimonial obtenida fuera notablemente inferior al importe de la cuota tributaria derivada de la liquidación del tributo municipal.

    De nuevo a vueltas con la plusvalía; ahora el Supremo eleva al Tribunal Constitucional sobre los artículos 107.1, 107.2.a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales al entender que la regla objetiva de cálculo de la base imponible podría resultar contraria a los principios de capacidad económica y de prohibición de confiscatoriedad.

    Se cuestiona si resulta compatible con el artículo 31.1 CE y, en particular, con los principios de capacidad económica e interdicción de confiscatoriedad, la aplicación de la regla objetiva de cálculo de la base imponible del IIVTNU en los supuestos en que como consecuencia de la venta del inmueble se ha generado una plusvalía, pero la ganancia patrimonial obtenida es notablemente inferior al importe de la cuota tributaria que deriva de la liquidación del IIVTNU.

    En el supuesto litigioso está en principio clara para el Supremo la confiscatoriedad que se denuncia. La diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión del inmueble que se reflejó en las escrituras públicas es de cuantía inferior al importe del recibo girado por la Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento competente en concepto de IIVTNU, por lo que la exacción del impuesto ha producido el efecto confiscatorio proscrito por el artículo 31.1 CE .

    Apunta el Supremo que esta confiscatoriedad que se revela en el caso puede también producirse en un buen número de supuestos más.

    Es decir, que el efecto confiscatorio que se deriva de la cuantificación de la base imponible del impuesto no se produce exclusivamente en supuestos residuales sino que se genera en un buen número de casos.

    Se ampara también la duda de constitucionalidad en cuanto a la liquidación del impuesto porque de estimarse la norma inconstitucional la liquidación no podía efectuarse por faltar los elementos de determinación de la base imponible; en ausencia de previsión legal que establezca la regla de cálculo de la base imponible del impuesto, no será posible cuantificar la cuota tributaria del IIVTNU.

     

    Recordamos que este polémico tributo ya fue noticia en mayo de 2017, cuando conocíamos la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”. Es decir el Constitucional declaraba la inconstitucionalidad del impuesto, en la tributación de situaciones de inexistencia de incrementos de valor. Esto dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de julio de 2018, en la que  interpreta la STC Nº 59/2017, señalando que se puede liquidar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en los casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Eximiendo, por tanto,  del impuesto de la plusvalía a quien pruebe que vendió su propiedad con pérdidas.

    La polémica se ha incrementado, posteriormente, puesto que estas sentencias han dado lugar a numerosas reclamaciones de ingresos indebidos contra Ayuntamientos y Diputaciones, y el retraso de estas instituciones en devolver el ingreso del impuesto, inconstitucional, realizado por el contribuyente.

     

    Àngel García

    CARBONELL CONSULTORS ASSOCIATS

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