Hacienda quiere introducir cambios en la valoración de los inmuebles para el Impuesto sobre el Patrimonio o Sucesiones

    Bach
    Calculo cambio de valor de las propiedades.

    La Ley de lucha contra el fraude fiscal, que se está discutiendo en la comisión del senado incluye un cambio en la base imponible de varios impuestos con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica, según la administración. Con la nueva norma, que se quiere aprobar, la base imponible de los impuestos de sucesiones y donaciones y de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados pasa de ser el valor real al valor de mercado, que en el caso de los inmuebles se asimila al valor de referencia calculado por el Catastro.

    Hasta ahora, la base imponible del impuesto era el valor real, que se equiparaba o bien al precio de compraventa o a un valor objetivo asignado por las comunidades autónomas en función de factores como el precio de la zona, generalmente más alto, algo que ha sido rechazado reiteradamente en los tribunales.

    Este valor de referencia es distinto del valor catastral -que es el que se utiliza, por ejemplo, para el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), que no se verá modificado- y de nueva creación, ya que, aunque estaba previsto en los Presupuestos de 2018 nunca llegó a materializarse. 

    Por lo que respecta al impuesto de patrimonio, este nuevo valor de referencia se aplicará a las adquisiciones a partir de enero de 2022 pero no a las propiedades preexistentes a esa fecha, que se seguirán valorando como hasta ahora.

    Hacienda asegura que no se va a producir una subida de impuestos porque el futuro valor de referencia no podrá superar nunca el valor de mercado, que es lo que los Tribunales asimilan actualmente al valor real. Sin embargo, debemos advertir que sí se producirá una subida impositiva para los contribuyentes que hayan comprado a un precio competitivo.

    Además de este cambio, la Ley de Lucha contra el Fraude que se quiere aprobar  incorpora muchas otras medidas, entre las que destaca la limitación de los pagos en efectivo a un máximo de 1.000 euros.

    La ley endurece el control de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) para garantizar que son realmente sociedades colectivas y establece un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %.

    También prohíbe las amnistías fiscales y el denominado software de doble uso, que facilita la manipulación de la contabilidad de las empresas para ocultar parte de la facturación.

    Asimismo, baja de un millón a 600.000 euros el umbral que marca la entrada en la lista de morosos y elimina las ventajas fiscales asociadas a la figura del pacto sucesorio o herencia en vida.

    Àngel García

    CARBONELL CONSULTORS