LOS PODERES PREVENTIVOS, LA ALTERNATIVA A LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL

    Fabregas Advocats Associats

    Una declaración de incapacidad total de una persona, hoy por hoy, es considerada una medida muy severa que debe ser reservada para circunstancias excepcionales.

    Este es uno de los principios que proclama la Convención de Nueva York de la que España es parte.

    En aras de cumplir con dicho principio, el legislador español y català busca alternativas al modelo clásico de incapacitación de la persona, es decir, al procedimiento judicial de modificación de la capacidad de obrar.

    Por ello, hoy queremos hablar de una herramienta jurídica muy poco conocida pero que su uso ofrece una magnifica alternativa al procedimiento de incapacidad: Los  poderes preventivos.

    En el momento que a una persona se le diagnostica una enfermedad degenerativa o un trastorno cognitivo, antes de perder su capacidad, de forma voluntaria, consciente y con juicio de capacidad puede acudir a un Notario y otorgar unos poderes en favor de un tercero, ya sea persona física (un familiar) o una persona jurídica (fundación tutelar) para que le represente. Este poder puede producir efectos desde la firma del poderdante o bien desde que la persona pierde su capacidad, que lo determinará un facultativo.

    Las opciones a la hora de otorgar el poder son varias; se puede apoderar a una sola persona responsable de los aspectos personales y patrimoniales, o, nombrar dos de tal forma que una sea responsable de los aspectos personales y otra diferente, de los patrimoniales. Así mismo, para actos más complejos o delicados, como podría ser la compra-venta de un inmueble, se puede disponer que sea necesaria la firma de dos apoderados.

    Este poder tiene una particularidad, que aunque la persona pierda sus facultades, el poder continuará vigente, salvo que éste sea revocado por el Juez. Y el poderdante puede fijar en el poder las medidas de control hacia el apoderado y las causas por las que se extingue el poder.

    Una vez que la persona afectada ha otorgado los poderes preventivos ante Notario, éste se inscribe en un registro especial de disposiciones no testamentarías. Ello garantiza que cuando en un juzgado se conoce de un procedimiento de incapacitación, siempre el Juez solicitará a este Registro conocer si el presunto incapaz ha nombrado a las personas que deban asistirle.

    Esta figura además de ser más económica que el procedimiento judicial incapacitación, también se evita tener que pasar por el trance de un procedimiento judicial, donde se deben practicar exploraciones médico-forenses, reconocimiento judicial, celebración de vista con audiencia de parientes; que no dejan de incomodar, tanto para el que sufre la enfermedad, como para sus familiares .

    Ahora bien, si la persona ha perdido sus facultades, no es capaz de auto gobernarse y el notario considera que no tiene suficiente capacidad para otorgar unos poderes, el único medio de protección de la persona es instar su incapacitación judicial y nombramiento de tutor o institución de protección correspondiente.