Modificación legislativa de la incapacitación judicial de personas con discapacidad

    Vanessa Valls
    Incapacitación judicial por discapacidad

    La ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entrará en vigor el 3 de septiembre de 2021, pretende dar un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, basándose el nuevo sistema en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.

    La base de la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación de quien no se considera suficientemente capaz, ni la modificación de su capacidad, sino la de apoyo.

    Asimismo, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, siendo la curatela la figura que se regula fundamentalmente como principal medida de apoyo para las personas con discapacidad, con una finalidad asistencial de apoyo y ayuda, eliminándose siempre que sea posible las actuaciones de naturaleza representativa, que sólo tendrá el curador en casos excepcionales y que sea preciso.

    Muy significativo también es que el proceso jurídico sólo concluirá con una resolución que determine los actos para los que la persona con discapacidad requiera el apoyo, pero no a la declaración de incapacitación ni, mucho menos, a la privación de derechos.

    Vanessa Valls