¿QUÉ PENSIÓN DE ALIMENTOS DEBO PAGAR?

    Vanessa Valls

    Es frecuente preguntarse, en vistas de una separación o divorcio, las consecuencias patrimoniales y sobretodo qué pensión de alimentos a favor de los hijos deberemos abonar y en qué ley se fija su cálculo.

    Desafortunadamente no existe una fórmula matemática ni la ley contiene unas tablas que sean vinculantes para los jueces por lo que deberemos acudir a los elementos más subjetivos sí fijados por la ley, concretamente en el artículo 237-1  del Codi Civil de Catalunya que se encarga de definir lo que se entiende por alimentos de origen familiartodo cuanto es indispensable para el mantenimiento, vivienda, vestido y asistencia médica de la persona alimentada, así como los gastos para la formación si esta es menor y para la continuación de la formación, una vez alcanzada la mayoría de edad, si no la ha terminado antes por una causa que no le es imputable, siempre y cuando mantenga un rendimiento regular. Asimismo, los alimentos incluyen los gastos funerarios, si no estuvieren cubiertos de otra forma.

    La obligación alimenticia debe ser compartida por ambos progenitores, fijándose en proporción a las necesidades alimenticias del alimentista, y las posibilidades y medios de quien ha de prestarlos, que deben satisfacerlos, en este caso los progenitores de forma mancomunada y tal carga se ha de distribuir, según sus respectivos recursos y posibilidades conforme establece el artículo 237-7 del CCC.

    En relación a la proporcionalidad, ya se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona en reiteradas resoluciones que “cuando recaiga sobre dos o más personas, esta obligación se repartirá entre ellas,  no por partes iguales, sino en cantidad proporcional a sus caudales respectivos”.

    De este modo, deberá estudiarse cada caso para poder determinar de forma proporcional la cantidad que cada progenitor deberá abonar en concepto de pensión de alimentos a favor de sus hijos, no existiendo una medida de cálculo estándar aplicable a todos los casos.

     De ahí la importancia de encomendar el caso a un abogado especializado en derecho de familia que defienda sus intereses.

     

    Vanessa Valls