PROCEDIMIENTOS DE INCAPACITACION. ORGANOS TUTELARES.

    Isabel Batalla

    En el artículo del mes pasado explicábamos el tratamiento de estos procesos y concluíamos que la sentencia designará el tutor o curator y establecerá la extensión de la incapacitación.
    La sentencia por tanto debe resolver sobre la incapacitación de la persona y designará los órganos tutelares, estableciendo conforme el artículo 760 LEC la extensión de la misma.
    En la tutela existe una representación, es decir el tutor actúa sin la voluntad ni la presencia del incapaz, no se pueden hacer lista exhaustivas de los derechos que tiene o no tiene el incapaz.
    Por tanto el tutor asume la representación legal, cuidado personal, administración patrimonial en interés del incapacitado.
    Los tutores tienen que hacer rendimiento anual de las cuentas personales y patrimoniales de sus tutelados. Han de pedir autorización para determinados aspectos personales o patrimoniales transcendentes y en cualquier momento se pueden solicitar pruebas periciales de comprobación.
    La curatela es un complemento de la capacidad, debe intervenir el propio incapaz y el curator presta su consentimiento, y los actos normalmente son de administración y disposición salvo que expresamente la sentencia incluya otros. Es decir se trata de asistencia patrimonial aunque se puede añadir supervisión personal, tratamiento médico entre otras medidas.

    Patria potestad prorrogada si es menor y patria potestad rehabilitada si es mayor de edad y no hay cónyuge o descendientes. Por tanto los padres asumen la protección de los hijos mayores de edad.
    También puede pronunciarse la sentencia sobre la necesidad o no de internamiento, cuestión que en todo caso ya se habría planteado como medida cautelar durante el proceso, y por tanto ya se habrá acordado.
    La sentencia tiene carácter constitutivo es decir que produce efectos a partir del momento que sea firme, no tiene efectos retroactivos. Los actos anteriores a la sentencia no quedan afectados, salvo que se haya anotado preventivamente la demanda de incapacitación en el Registro de la Propiedad respecto de los bienes inmuebles del incapaz. En todo caso los actos anteriores pueden ser anulados por falta de consentimiento que debe ser probado según el artículo 1261 de la LEC.
    Existe una nueva medida de protección que es el poder de previsión de perdida sobrevenida de la capacidad, donde se nombra un apoderado en escritura pública para que cuide de los intereses de los mayores de edad que no puedan gobernarse por sí mismas a causa de una enfermedad persistente. Se puede establecer fecha de inicio, medidas de control y causes de extinción (artículo 222.1 de la LEC)

    Fdo. Isabel Batalla. Departamento de Familia y sucesiones

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