La incapacitación judicial

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    En todas las personas, salvo los menores de edad, se presume la capacidad plena de obrar, es decir la facultad para gobernarse y para realizar actos jurídicos.

    Cuando se carece de capacidad de obrar es necesario que una tercera persona, tras la oportuna sentencia judicial de incapacitación, proteja al incapaz y ejercite esos derechos mediante las figuras legales de la tutela, la curatela o el defensor judicial que se constituirán en función de la necesidad y situación del incapaz.

    Es posible también la incapacitación de un menor de edad, en cuyo caso seguirá bajo la patria potestad de sus padres que se prorrogará cuando alcance la mayoría de edad si subsiste la incapacitación.

    El principio básico de este procedimiento es la protección del incapaz.

    Los requisitos para la incapacitación judicial los fija el artículo 200 del Código Civil y son:

    • Que se trate de una enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico.
    • La persistencia de la enfermedad en el tiempo.
    • La imposibilidad de autogobierno.

    Tienen legitimación para iniciar el procedimiento de incapacitación a través de una demanda: el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los ascendientes, los descendientes o los hermanos del presunto incapaz.

    En cuanto a la competencia territorial, dispone el artículo 756 de la LEC que será la del lugar de residencia del presunto incapaz.

    Nunca se decidirá sobre la incapacitación sin previo dictamen pericial medico acordado por el tribunal, y la sentencia que declare la incapacitación deberá determinar la extensión y límites de ésta (si la incapacitación es total o parcial) así como el régimen de tutela, curatela o defensor judicial  a que haya de quedar sometido el incapacitado.

    Por último, debemos hacer mención a la figura de la autotutela. El  Artículo 9 de la Ley 41/2003 de 18 de Noviembre que modificó el Artículo 223 del Código Civil establece que la a deberá instrumentarse en documento público notarial y en ella cualquier persona podrá decidir la designación de tutor o tutores que deberán ser nombrados en el caso de que sea declarado incapaz. Así, cualquier persona que no tenga mermada la capacidad de obrar y en previsión de ser incapacitada judicialmente en el futuro podrá designar su posible tutor.

    Vanessa Valls

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