LA REGULACIÓN DEL JUEGO ONLINE

    Ana Viñas

    La irrupción de los nuevos servicios de comunicaciones electrónicas y la utilización de los servicios de juego interactivos a través de Internet ha cambiado la concepción tradicional del juego, tanto en España como en otros países de su entorno, surgiendo la necesidad de dotar de un marco jurídico a aquellos juegos que se practican a través de medios electrónicos, telemáticos e interactivos.

    Con la entrada en vigor de la Ley del Juego 13/2011, de 27 de mayo, se hizo preceptiva la obtención de una licencia para poder operar en España en el sector del juego online.

    A efectos de esta Ley, se entenderá como “Juego”: toda actividad en la que se arriesguen cantidades de dinero u objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre resultados futuros e inciertos, dependientes en alguna medida del azar, y que permitan su transferencia entre los participantes, con independencia de que predomine en ellos el grado de destreza de los jugadores o sean exclusiva o fundamentalmente de suerte, envite o azar. Los premios podrán ser en metálico o especie dependiendo de la modalidad de juego.

    El preámbulo de la Ley recoge la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulación en el sector del juego que ofrezcan seguridad jurídica a operadores y participantes, sin olvidar la imprescindible protección de los menores de edad, de aquellas personas que hubieran solicitado voluntariamente la no participación, así como la necesaria prevención de los fenómenos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

    La Ley del Juego vigente,  impone unas obligaciones a los operadores dedicados al juego online que tienen como finalidad dotar de transparencia a dicha actividad, y proteger a los participantes de dichas plataformas.

    Así, los operadores de juego para obtener una licencia deberán elaborar un plan de medidas para la mitigación de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir el juego sobre las personas, e incorporarán las reglas básicas de política del juego responsable. Además, se prohíbe expresamente que los operadores del juego  puedan conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito o asistencia financiera a los participantes.

    Para la obtención de  una  licencia de juego existe un deber de información para los operadores, debiendo quedar perfectamente identificada la entidad que se encuentra detrás de dicha actividad, su domicilio, el capital social,  el porcentaje de participación,  los miembros del órgano de administración, el ámbito territorial en el que podrá desarrollarse, los sistemas y equipos que se utilizarán para la explotación de la actividad, la autorización pertinente para realizar acciones publicitarias y de promoción, así como los mecanismos con los que cuenta para evitar el fraude el blanqueo de capitales.

    Se imponen también a los operadores una serie de prohibiciones e incompatibilidades para obtener licencias y autorizaciones de juego, en el caso de contar con antecedentes penales de carácter económico y contra la Administración Pública.

    Por otro lado, la Comisión Nacional del Juego verificará el cumplimiento por los operadores de sus obligaciones, sin perjuicio de las competencias de supervisión efectuadas por el SEPBLAC en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

    Por otro lado, los participantes de juegos online ostentan los siguientes derechos:

    •  A obtener información clara y veraz sobre las reglas del juego
    •  A cobrar los premios que les pudieran corresponder en el tiempo y forma.
    • A formular ante la Comisión Nacional del Juego las reclamaciones contra las decisiones del operador que afecten a sus intereses.
    • Al tiempo de uso correspondiente al precio de la partida de que se trate.
    • A jugar libremente, sin coacciones o amenazas.
    • A conocer en cualquier momento el importe que ha jugado o apostado, así como a conocer el saldo de la misma.
    • A identificarse de modo seguro mediante el documento nacional de identidad, pasaporte o mediante sistema de firma electrónica reconocida, así como a la protección de sus datos personales.
    • A conocer en todo momento la identidad del operador de juego.
    • A recibir información sobre la práctica responsable del juego.

    La relación entre el usuario y el operador habilitado constituye una relación de carácter privado, y por tanto, las disputas o controversias que pudieran surgir entre ellos estarán sujetas a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora ejercida por la Comisión Nacional del Juego, cuyas sanciones pueden llegar a los cincuenta millones de euros, así como la pérdida del título habilitante y clausura de los medios con los que se realizan las actividades de juego online.

    Ana Viñas

     

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