LA RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES SOCIALES

    Equipo Fàbregas & Associats

    Muchos son los clientes que acuden a nuestro despacho preocupados sobre la responsabilidad que tienen al ser Administradores de compañías mercantiles, y es que, es un tema, que cualquier persona que se expone al riesgo de ser empresario debe conocer.

     

    La responsabilidad de los administradores (en cualquiera de sus figuras) viene determinada por la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en sus artículo 236 y siguientes.

     

    Atendiendo al examen de la normativa podemos observar dos regímenes de responsabilidad distintos.

     

    El primero de ellos es la acción social de responsabilidad, la cual es ejercitada por la propia sociedad o por sus socios por los daños causados contra el patrimonio social por los administradores a través de sus actos u omisiones.

    El segundo de los mecanismos, y más aplicable en el día a día del tráfico mercantil, es la acción individual de responsabilidad de los administradores; esta acción individual puede ser ejercitada por socios o acreedores y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo debe basarse en el incumplimiento de los deberes del Administrador, en especial, al deber general de diligencia (artículo 225 de la LSC) y el deber de lealtad (artículo 227 de la LSC).

     

    El incumplimiento de los anteriores deberes, conlleva la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva de los Administradores al que suelen acudir los acreedores contemplado por el artículo 363 de la LSC. Este deber de responsabilidad objetiva gira alrededor de las causas de disolución legales de la sociedad. Asimismo, la inobservancia del anterior artículo o de las causas estatuarias de disolución y liquidación dará opción al acreedor para instar una acción de responsabilidad solidaria de los administradores en base al artículo 367 de la LSC.

     

    Así las cosas, el régimen de responsabilidad individual de los administradores por un acreedor se precipitará cuando la deuda de la que trae origen sea posterior a cualquiera de las causas de disolución y liquidación legal o estatutariamente establecidas, que imponen una obligación de diligencia al administrador social y cuya inobservancia por actuación u omisión cree un nexo causal suficiente con un perjuicio contra el socio o acreedor.

     

    De no existir dicho nexo causal entre la falta de diligencia y el perjuicio económico no podría prosperar la acción individual de responsabilidad del administrador; en la Sentencia 253/2016 de 18 de Abril del Alto Tribunal estableció que,

     

    «que no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual. De otro modo supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su JURISPRUDENCIA 7 exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC ( Sentencias 242/2014, de 23 de mayo , con cita de la anterior sentencia de 30 de mayo de 2008 )».

     

    Por último, debemos atender al régimen de prescripción de las acciones sociales e individuales contra el administrador para exigirle la responsabilidad por cualquier lesión al patrimonio empresarial o de un tercero.

     

    La prescripción de las acciones de responsabilidad contra los Administradores, contemplada por el artículo 241. bis de la LSC, se fija en cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse la acción.

    Leave a comment

    Your email address will not be published.