SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES.

    Fabregas Advocats Associats

    El incremento de la sustracción internacional de menores es consecuencia de la globalización y de la existencia de más  matrimonios y parejas mixtas.

    En el caso de que existan hijos comunes se ha registrado en los últimos años un incremento de los casos de sustracción internacional de menores por parte de sus padres, es decir, que uno de los progenitores (sustractor) traslade al hijo a otro estado de forma ilícita sin autorización judicial ni el consentimiento del otro progenitor.

    Existen medidas para evitar que, en caso de sospecha, se den estas situaciones. El Real Decreto 411/2014 de 6 de junio dispone que para la expedición de pasaportes de los menores de edad deberá constar el consentimiento expreso de ambos progenitores. Asimismo, el Juzgado competente, al amparo del artículo 158 del Código Civil puede dictar las medidas necesarias para evitar la sustracción, en particular: la prohibición de la salida del territorio nacional, la prohibición de expedición de pasaporte del menor o retirada del mismo si ya se hubiera expedido, y el sometimiento a autorización judicial previa cualquier cambio de domicilio del menor.

    No obstante, si se da el traslado y retención ilícita del menor deberemos solicitar su restitución. Resulta de aplicación el Convenio de La Haya de 1980 que establece un sistema de cooperación entre Autoridades Centrales y una acción para el retorno inmediato del menor al país de su residencia habitual. Dicho Convenio ha sido firmado por España y un total de 90 países y únicamente es aplicable entre dichos estados firmantes.

    El Convenio de la Haya de 1980 sobre sustracción de menores, al que también se refiere el Reglamento 2201/2003, tiene la finalidad de garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados  de manera ilícita en cualquier estado contratante, pero sin que afecte a la cuestión de fondo, es decir no puede limitar la decisión que el juzgado competente debe adoptar sobre aspectos relativos a la guarda y custodia y otras medidas relativas  al menor.

    Ello no excluye, sin embargo, que a la hora de su aplicación en casos concretos surjan problemas, especialmente en los casos de países que no se han adherido al Convenio de La Haya de 1980.

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